URL: http://www.xs4all.nl/~rehue/art/lava2.html

PERSPECTIVAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL
CONFLICTO MAPUCHE

por Javier Lavanchy ⁽¹⁾
Santiago, septiembre de 1999

En la última década sin duda el tema mapuche ha cobrado un revitalizado brío. Tras más de quince años en los cuales el pueblo mapuche se vio oprimido por el régimen militar, siendo incluso suprimido por ley, la recuperación de la democracia posibilitó que el Estado volviera a reconocer la diversidad étnica que caracteriza a nuestro país, diversidad en la que la etnia mapuche ocupa un lugar de importancia. Este reconocimiento de la plurietnicidad y multiculturalidad existente al interior del Estado chileno quedó plasmado en la Ley Indígena 19253 en cuyo primer artículo se afirma que “El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas del norte del país, las comunidades de Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán” (Art. 1).

No obstante, al poco tiempo se comenzó a notar que la Ley 19253 no bastaba por si sola para proteger los derechos tan sufridamente conseguidos por los pueblos originarios. Antes de la promulgación de la ley indígena el proyecto hidroeléctrico Pangue ya había puesto el dedo en la llaga respecto de la verdadera política indígena del gobierno. De esta forma cuando se desata el conflicto Ralco sólo los ingenuos podían esperar que el gobierno cumpliera sus promesas. Como bien lo testimonia el ex director de la Corporación de Desarrollo Indígena, Domingo Namuncura (1999), el gobierno allanó el camino a Endesa mediante distintos ardides, entre los que se incluyó la destitución, en un lapso de un año y medio, de los directores Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura.

Ralco creo una inusitada resonancia en torno al tema indígena, baste con recordar que durante más de dos años prácticamente no hubo semana en que el proyecto no fuera uno de lo focos noticiosos más destacados por la prensa chilena. Asimismo, a nivel de la intelectualidad criolla hubo una amplia discusión canalizada a través de los periódicos “El Mercurio” y “La Época,” en la que participaron destacados antropólogos e historiadores, unos a favor de la represa (Le-Bert 1997, Villalobos 1998a, 1998b) y otros en su contra (Valenzuela 1997; Correa 1997, 1998; Bulnes 1997; Molina 1997; Vila 1997) ⁽²⁾. En fin, el proyecto hidroeléctrico Ralco puso en un primer plano el tema mapuche.

Sea por las razones que sea Ralco constituyó, desde un primer minuto, un tema puntual: un conflicto entre un sector de la parcialidad pewenche, apoyada por ecologistas e indigenistas, y Endesa, apoyada por el gobierno. No obstante, a poco andar, se transformó para muchos mapuche en una alegoría de un conflicto global entre dicho pueblo y el Estado chileno.

Ahora bien, el conflicto mapuche, a mi entender, sólo comienza, si es posible señalar un hito, con la quema de los camiones maderos de la Forestal Bosques Arauco en las cercanías de Lumaco el día 1 de diciembre de 1997. Este hito es importante, porque por primera vez en mucho tiempo el ejecutivo tomó en serio a los mapuche, no obstante trató en algún momento de bajar el perfil a los hechos. La quema de los camiones de la Forestal Arauco, provocó un verdadero pánico en la comuna de Lumaco, la que virtualmente fue ocupada por carabineros. Las palabras de José Marimán (1998) respecto de las consecuencias de este hecho puntual son elocuentes: “Al mismo tiempo, las llamas que consumieron los camiones de la Forestal Bosques Arauco, generaron un nuevo escenario para la confrontación por restitución de tierras expoliadas a la nación mapuche. En ese nuevo escenario, por primera vez desde el fin de la dictadura, la desesperación mapuche estalló en violencia...” (la cursiva es mía). En efecto, desde aquel 1 de diciembre, y en dicho nuevo escenario, las movilizaciones mapuches tendientes a recuperar las tierras usurpadas no sólo comenzaron a proliferar, sino que también se tornaron progresivamente más violentas ⁽³⁾ Las ocupaciones comenzaron de manera timorata el día 29 de diciembre de 1997 con la toma de la hacienda Lleu Lleu por cuarenta familias quienes reclamaban un total de 78 hectáreas plantadas con pino insigne. Casi año y medio más tarde la situación llegó a generalizarse a tal punto que hubo un máximo de 13 predios ocupados prácticamente en forma simultánea entre los días 22 y 27 de abril de 1999. Asimismo, las acciones violentas se convirtieron en una constante desde la quema de los camiones de Forestal Arauco, intensificándose notablemente en el último año. Entre el 1 de diciembre de 1997 y el 24 de mayo de 1999 se registraron un total de 17 acciones violentas, entre las que se cuentan ataques incendiarios a fundos y maquinarias forestales, enfrentamientos entre mapuches, carabineros y guardias forestales, etc.. Todas estas acciones han formado parte de, lo que podemos llamar, una semiología política, la que ha transformado al conflicto mapuche en un verdadero problema de Estado.

Ahora bien, el origen substantivo de estas acciones puede ser hallado en los interminables conflictos de tierras focalizados principalmente en las provincias de Arauco y Malleco, específicamente en las comunas Los Álamos, Cañete, Contulmo, y Tirua, en la primera, y Lumaco, Traiguén y Collipulli, en la segunda. Sin embargo, no es posible entender el conflicto sólo por la razón substantiva de la carencia de tierras y la pobreza que aqueja a las comunidades mapuches. Desde un comienzo, distintas organizaciones han participado en la coordinación de las acciones reivindicativas de las comunidades. Entre éstas destacan, en un primer momento, la Coordinadora de la IX Región, y más recientemente, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, Aukiñ Wallmapu Ngulam y la Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco. Estas organizaciones han empleado los problemas substantivos de la etnia como catalizadores o exacerbadores de un conflicto que en su visión es básicamente político: el reconocimiento constitucional de la nación mapuche por parte del Estado chileno, y la obtención de diferentes grados de autonomía política y territorial, punto en el que difieren las propuestas de estas organizaciones. Así, mientras que para el Consejo de Todas las Tierras (1997 y 1999) es perentorio reivindicar como territorio mapuche todas las tierras al sur del río Biobio, la Identidad Lafkenche (1999) se conforma con la autonomía de aquellos espacios territoriales de patrimonio lafkenche -los que estarían conformados por las tierras y espacios ancestrales de bordemar donde viven asentadas las comunidades lafkenches- y la Coodinadora Arauco-Malleco pretende transitar de las demandas concretas a nivel de bases hasta la formulación de una plataforma ideológica de liberación de la nación mapuche (Cayuqueo 1999).

Ahora bien, podemos preguntarnos ¿hasta qué punto las reivindicaciones políticas de las organizaciones mapuche tienen resonancia en las comunidades? Para responder a esta pregunta nos podemos valer de los datos que han proporcionado los así llamados “Diálogos Comunales” patrocinados por Mideplan (1999), los que, a despecho de ser un instrumento cuestionable, presentan la única fuente de información disponible sobre la demanda efectiva de las comunidades. Si observamos este material podemos apreciar que la principal demanda de las comunidades mapuche en la IX Región es por infraestructura y servicios con un 40% de la demanda total. A ésta le siguen la demanda económica productiva con un 32%, la sociopolítica con un 15%, la por tierras con un 12% y la cultural sólo con un 1% (Gráfico 1)⁽⁴⁾. Como vemos la demanda sociopolítica sólo ocupa el tercer lugar en cuanto a importancia para las comunidades.

Fuente: Mideplan. “Diálogos Comunales IX Región.” 1999

Podemos incluso hilar más fino. De las 31 comunas de la IX Región Sólo 4 poseen una demanda sociopolítica alta (Victoria, Carahue, Pitrufkén y Gorbea), 8 una demanda media alta (Galvarino, Lautaro, Temuco, Freire, Cunco, Melipeuco, Loncoche y Villarrica), 11 una demanda media (Purén, Los Sauces, Collipulli, Lumaco, Curacautín, Lonquimay, Padre Las Casas, Vilcún, Teodoro Schmidt, Pucón y Curarrehue), y 8 una demanda baja (Angol, Renaico, Ercilla, Traiguén, Perquenco, Nueva Imperial, Saavedra y Toltén). En Resumen, menos de la mitad de las comunas de la Región de la Araucanía poseen una demanda sociopolítica considerable.

En cambio, si tomamos la demanda por infraestructura, podemos observar que 7 comunas tienen una demanda alta (Traiguén, Perquenco, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt, Padre Las Casas y Vilcún), 15 una demanda media alta (Angol, Renaico, Collipulli, Purén, Lumaco, Victoria, Galvarino, Lonquimay, Lautaro, Temuco, Freire, Toltén, Villarrica, Pucón y Curarrehue), 8 una demanda media (Los Sauces, Curacautín, Carahue, Melipeuco, Cunco, Pitrufkén, Gorbea, y Loncoche), y sólo 1 (Ercilla) una demanda baja.

La demanda económica-productiva es tanto o más reveladora: 12 comunas presentan una demanda alta (Angol, Renaico, Los Sauces, Lumaco, Perquenco, Curacautín, Lonquimay, Nueva Imperial, Melipeuco, Cunco, Pucón y Curarrehue), 16 una demanda media alta (Puren, Collipulli, Traiguén, Galvarino, Carahue, Lautaro, Temuco, Vilcún, Saavedra, Padre Las Casas, Freire, Pitrufkén, Toltén, Gorbea, Loncoche y Villarrica), 2 una demanda media (Victoria y Teodoro Schmidt) y 1 una demanda baja (Ercilla).

Para completar el cuadro, la demanda por tierras, no es tan significativa como las anteriores: 5 comunas presentan una demanda alta (Los Sauces, Collipulli, Traiguén, Curacautín y Toltén), 5 una demanda media alta (Angol, Renaico, Purén, Lumaco y Loncoche), 15 una demanda media (Victoria, Galvarino, Carahue, Lautaro, Vilcún, Melipeuco, Lonquimay, Saavedra, Padre Las Casas, Cunco, Pitrufkén, Gorbea, Villarrica, Pucón y Curarrehue) y 6 una demanda baja (Ercilla, Perquenco, Nueva Imperial, Temuco, Teodoro Schmidt y Freire).

Según los datos expuestos arriba, podemos aseverar que la demanda efectiva de las comunidades es más bien substantiva que sociopolítica. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, podemos afirmar que las organizaciones mapuches no han logrado tener suficiente eco entre sus bases en lo referente a su objetivo principal: la reivindicación por el reconocimiento y la autonomía de la “nación mapuche.”

¿Qué podemos concluir con este sucinto análisis de los datos proporcionados por los “Diálogos Comunales de Mideplan”? En primer lugar, las organizaciones mapuches, en su búsqueda por objetivos políticos, en el corto plazo posiblemente deberán seguir apelando a los conflictos substantivos de la etnia como catalizadores de sus conflictos políticos. En segundo lugar, también podemos aseverar, si seguimos la perspectiva de Connor (1998), que la nación mapuche propiamente tal no existe, pues si la esencia de una nación es de naturaleza subjetiva, es decir, la consciencia de pertenecer a una nación, y una nación se diferencia de una etnia básicamente en la incorporación de un elemento político, que podemos llamar principio de la nacionalidad, que radica en la aspiración de los miembros de una nación a no ser dominados por aquellos que consideran extranjeros -en otras palabras, la nación es una entidad política autoconsciente-, el pueblo mapuche, a nivel de bases, aún no cumple con dicho requisito.⁽⁵⁾

De esta forma, no nos queda sino coincidir con el profesor Foerster (1999) que el pueblo mapuche sólo se encuentra en las fases A y B del nacionalismo, según la tipología Hroch, pero, si para Foerster la fase C constituye un escenario posible, nosotros podemos sostener que dicho escenario aún no lo es.⁽⁶⁾

Entonces, de acuerdo a lo anterior, posiblemente la principal labor a la que se deberían dedicar los intelectuales y los líderes políticos mapuches, es a crear una consciencia nacional. Esto es difundir los sentimientos etnonacionalistas mapuches. Podemos aseverar que tal tarea la han emprendido desde hace tiempo tales organizaciones. El periódico Aukiñ del Consejo de Todas las Tierras es un ejemplo de ello, así como el programa radial Witrange Anay del Centro de Comunicaciones Mapuche Llüfken Mapu. No podemos aseverar cuanto tiempo le tomará a las bases mapuche adquirir consciencia nacional, pero si podemos decir que es un proceso que está en marcha y el porcentaje de un 15% que obtuvo la demanda sociopolítica en la IX Región lo testifica.

Si el proceso de transformación de etnia en nación ha comenzado y parece ser inevitable, entonces ¿qué alternativa podemos proponer respecto a nuestro trato para con el pueblo mapuche? Si coincidimos con Fernando Villegas (1999) respecto a que estamos presenciando uno de los fenómenos históricos más importantes que hayan sucedido en este país en el presente siglo, vale decir, el nacimiento de la nación mapuche, puesto que toda nación se comienza a formar gracias a la acción de un puñado de activistas que demandan ciertas reivindicaciones políticas, no nos queda otra cosa, como Estado y sociedad civil chilena, que seguir la sugerencia de Rolf Foerster (op. cit.: 58) de reconocer al pueblo mapuche como nación. Sólo a través de esta alternativa se evitaría que se acumularan agravios que hiciesen cada vez más difícil la convivencia entre ambos pueblos.

Referencias

Notas

⁽¹⁾ Agradezco a mi maestro Rolf Foerster por sus comentarios y sugerencias al manuscrito original. Asimismo agradezco a la Rehue Foundation por esta nueva oportunidad de publicar en su página.

⁽²⁾ Para un análisis exhaustivo de ambos polos de discurso, siguiendo una orientación estructural, véase Lange, Lavanchy y Palacios 1998.

⁽³⁾ Para un tratamiento sintético de las movilizaciones mapuches acaecidas durante el actual conflicto véase Lavanchy 1999.

⁽⁴⁾ Según los “Diálogos Comunales” de Mideplan (1999), la demanda efectiva se descompone en los siguientes ámbitos: (1) sociopolíticas, que apelan a un mayor reconocimiento del Estado y la sociedad chilena, discriminación positiva en algunas materias de representación política y de políticas que favorezcan y fortalezcan su condición de actor social; (2) económico-productivas, que propician un mayor apoyo del Estado, a través de subsidio directo, instrumentos de fomento productivo y de formación de capital humano; (3) infraestructura y servicios, que propician inversiones para la construcción o habilitación de caminos y/o puentes, así como servicios de agua potable, electricidad, vivienda, etc.; (4) cultural: que tienen por objeto solicitar recursos y políticas que salvaguarden el desarrollo de actividades propias de su cultura; y, (5) tierras, que tienen por propósito solicitar la intervención del Estado para proveerlos de más tierras.

⁽⁵⁾ El antropólogo Ernest Gellner (1988) señalaría que el principio de la nacionalidad asevera la congruencia entre la unidad política y la cultural. Cabe indicar que Gellner está pensando en el Estado Nacional, pero restringir el principio de la nacionalidad a la independencia estatal no considera que la mayoría de las naciones en la actualidad sólo se conforman con grados crecientes de autonomía respecto a la política interna del Estado, dejando fuera de su competencia todo lo que se refiere a políticas externas (véase Connor op. cit.).

⁽⁶⁾ Según el esquema de Hroch, la fase A es aquella en que lo nacional se cultiva en el ámbito cultural sin una finalidad política. La fase B, en tanto, se caracteriza por el surgimiento de precursores y militantes políticos de la idea de lo nacional. Finalmente, la fase C es aquella en que los proyectos nacionales obtienen el apoyo de las masas.